María Elizabeth de los Rios Uriarte
Profesora e investigadora Facultad de Bioética
Universidad Anáhuac México
¿Es éticamente admisible el que los países exijan un certificado de esquema de vacunación contra el COVID-19 completo para poder ingresar a ellos?
En las últimas semanas el debate ético ha versado sobre esta pregunta dado que ya hay algunos países como China que piden una especie de “pasaporte” de inmunidad para poder viajar a ellos.
Lo anterior no es para menos después de la catástrofe de más de un año de pandemia que ha terminado con muchas vidas y quebrado hasta las economías más sólidas, por eso conviene abordar el tema desde una óptica integral.
Al momento de poner en la balanza esta iniciativa es necesario considerar los siguientes puntos:
1.- Las vacunas han ayudado considerablemente a mitigar los contagios y a disminuir las muertes por COVID, sin embargo, son pocos los países que han podido adquirir dosis suficientes para toda su población y los que, en poco tiempo, han logrado inmunizar al menos a más del 20% de sus ciudadanos. El caso de Israel y de Chile son representativos. No obstante, no todos los países han sido tan afortunados y han tenido que esperar a que les lleguen vacunas pactadas mediante la iniciativa COVAX, siendo ésta su única oportunidad para adquirir algunas dosis para comenzar.
Tomando en cuenta lo anterior, pensar en un pasaporte de inmunidad deja en franca desventaja a estos países y se convierte, más que en una exigencia común, en una estrategia discriminatoria pues los ciudadanos de los países donde aún no llegan dosis suficientes y que no las pueden adquirir, no podrán viajar a los países que, se espera en este año, cumplan con inmunizar al menos al 70% de la población. De hecho, las expectativas para los países del continente africano, algunos países sudamericanos y otros más del Oriente Medio, es que estén vacunados con este porcentaje hasta principios de 2023.
2.- Si bien se reconoce que la vacunación es una contribución mayúscula al bien común, se admite que ésta debe ser un acto de total libertad aunada a la responsabilidad de cada persona quien, en su conciencia y ponderación de razones debe valorar sus condiciones de riesgo así como las de quien conviven con él o ella para tomar la decisión de aplicarse o no la vacuna. Así, la exigencia de un pasaporte de inmunidad no sólo contravendría el valor de la libertad personal sino que fungiría como una medida coercitiva que promueva unos valores por encima de otros.
La tensión siempre presente entre las libertades individuales y el uso de la fuerza pública ha sido una constante en esta pandemia. Con el tiempo se ha comprobado que los países que no optaron por estrategias restrictivas pero urgieron a adoptar medidas de precaución y a acatar las normas de salud e higiene recomendadas obtuvieron los mejores resultados en el control y manejo de la pandemia y hoy son los países que están prácticamente “libres del virus”. Ejemplos de esto son Nueva Zelanda y Finlandia.
3.- Es cierto que a todos nos gustaría visitar países libres de COVID, sin embargo, nuevamente esto atraería el problema ético de fortalecer economías de los países desarrollados mediante el turismo y dejar fuera a aquellas economías más debilitadas porque aún no pueden ofrecer “espacios libres de COVID”.
Además, aún no se conoce con exactitud el tiempo de inmunidad de la vacuna, con lo que tampoco se podría afirmar la caducidad del pasaporte. Lo anterior sumado al hecho de que el pasaporte puede ser usado con fines discriminatorios otorgándoles trato privilegiado a quienes lo presenten nos hacen pensar que, al menos por ahora, la medida lejos de contribuir al control de la pandemia, puede disparar actitudes contrarias a la empatía y solidaridad.
No podemos negar que esta pandemia ha sido atroz en muchos sentidos y que quisiéramos estar fuera de ella cuanto antes. Por esto es entendible esta iniciativa que, en esencia, parece buena y efectiva; no obstante, ponerla en práctica antes de contar con la mayoría de la población de todos los países inmunizada no sólo no sería justificado si no injusto y discriminatorio. Es momento de hablar más de solidaridad global que de protección fronteriza.
