La mayoría de las leyes que permiten el aborto establecen una serie de trámites que deben ser realizados antes de acoger la petición de quien desea abortar.
Por ejemplo, a veces se debe realizar un análisis para conocer el tiempo de embarazo, el número de semanas de vida del embrión o feto; según el resultado, se permite o se prohíbe el aborto. En otras leyes, se exige recurrir a una especie de consultorio para la mujer, con el fin de dialogar con ella y ver cuáles son sus motivaciones o problemas y si existan alternativas al aborto. En algunos casos, se solicita un certificado psicológico que compruebe la situación de angustia o la existencia de traumas, certificado que permitiría realizar el aborto en pleno respeto de la “legalidad” vigente.
A pesar de estas leyes, la gente percibe, y a veces la prensa denuncia, que no se respetan las normas ni los trámites que han sido establecidos para que se dé un “aborto legal”.
En ocasiones, surge la protesta ante los abortos realizados “fuera de la ley”. ¿Qué pensar de una clínica en la que, sin consultar con ningún psicólogo, se usan certificados ya firmados previamente por algún titulado en psiquiatría? ¿Cómo juzgar lo que ocurre en otros lugares donde no se ofrece ninguna alternativa al aborto a pesar de que la ley lo exija?
Ante estos escándalos, algunos piden que se respeten las leyes, que se apliquen las medidas previstas para disuadir a la mujer, para ayudarla, para permitirle un parto más sereno. Si luego, después de todo, ella insiste en pedir el aborto, habría que respetar la normativa vigente para que todo sea “legal”.
El deseo, incluso la exigencia de que se respeten las normas ante el aborto nace, en ocasiones, de una intención buena: usar los instrumentos previstos por la ley para que el aborto no se convierta en algo trivial, y para que no se salten normativas que habían sido pensadas precisamente para disminuir el número de abortos.
Pero, en realidad, los engaños y trucos de algunas clínicas abortistas, los certificados preparados de antemano, la violación de las normas de garantía que salvarían (hipotéticamente) la vida de muchos hijos, son parte de la misma mentalidad a favor del aborto, son un instrumento “coherente” con el mismo hecho del aborto.
Porque si todo aborto es un crimen, en cuanto elimina la vida de un hijo antes de nacer, ¿cómo exigir a quien comete abortos que respete otras normas legales, cuando ya en su corazón y desde sus manos va contra un principio básico de la vida social, que consiste en el respeto de la vida de los inocentes?
En otras palabras, violar las normas que regulan el aborto es, simplemente, vivir en la mentalidad abortista, acoger y practicar la cultura en la que vence el deseo del mal por encima de la justicia, de la solidaridad, de la ayuda a los indefensos (a la madre y a su hijo).
No tiene sentido, por lo tanto, vigilar y exigir que se respeten las leyes que regulan el aborto, porque lo único que reflejan esas leyes es una mentalidad en la cual se prepara el gesto que permite la injusticia como si fuera un derecho.
Lo urgente, entonces, es suprimir esas leyes, erradicar la mentalidad que las ha promovido, y ofrecer, con un esfuerzo eficaz y bien coordinado, ayudas a todas aquellas madres que tienen dificultades en su embarazo.
De este modo, podremos salvar no sólo dos vidas (la de una madre y la de su hijo), sino, sobre todo, ese ideal de justicia que permite construir un mundo un poco mejor, más incluyente y realmente comprometido a favor de los más débiles e indefensos: los hijos antes de nacer.
Fuente: Fernando Pascual.