“La explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más
escandalosas y perversas de la sociedad actual”
Papa Francisco
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 es Promover sociedades justas, pacíficas e incluyentes y una de sus metas es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas y de ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes) cerca de dos millones de niñas, de entre cinco y quince años, son introducidas anualmente en el comercio sexual en todo el mundo. Si bien es cierto que el aberrante flagelo de la Explotación Sexual Infantil es mucho mayor en Asia, recientemente ha crecido de manera alarmante en América Latina.
Los especialistas afirman que lo que excita y estimula a los depredadores sexuales es la fragilidad de los cuerpos de los niños y niñas y el dominio total sobre sus víctimas, además de la proliferación de la pornografía infantil en internet y el aumento de enfermos de SIDA, esta razón impulsa a los “clientes” a buscar servicios sexuales de personas de menor edad.
Las causas del incremento de la problemática en América Latina evidentemente son multifactoriales y tremendamente complejas, involucra factores familiares, culturales, políticos, demográficos y socioeconómicos, sin embargo podemos considerar como las principales causas el aumento de la pobreza y la desigualdad, las migraciones del campo a la ciudad y de las ciudades pequeñas a las grandes metrópolis y la migración hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, la disfunción de la familia, la falta de protección y respeto a los derechos de la niñez y el ver a la mujer como un objeto y a los hijos como una propiedad. Pero de todos estos factores ninguno contribuye más a fortalecer ésta lacra cómo la corrupción policial y de los funcionarios públicos que tienen la encomienda y el mandato de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Aunado a este escenario la inexistencia de leyes específicas y su débil aplicación y la negación de la problemática por parte de la autoridades ponen de manifiesto la fragilidad institucional de países como República Dominicana, Cuba, Colombia y México y envía un mensaje de bienvenida a depredadores y pederastas.
De acuerdo con el informe ‘La trata de personas en el Sector Turístico’ de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 36% de las personas que visitan México con el propósito de tener sexo con menores de edad provienen de Estados
Unidos y Canadá, el 64 % restante incluye en porcentajes mayores ciudadanos de Inglaterra, Holanda y Alemania.
En América Latina, la invisibilidad de la problemática es la mejor aliada de traficantes, proxenetas y abusadores de menores, cómo anécdota personal quiero contarles que a principios de este año conversé con una alta funcionaria del Gobierno Federal que ha trabajado con al menos tres Presidentes de México y durante la conversación minimizó la explotación sexual de niñas niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, probablemente por la vergüenza que representa para el gobierno se tiende a ignorar y al no existir oficialmente no es necesario erradicarla.
En ese sentido celebro que hace un par de meses México endureció la pena para quién cometa el delito de turismo sexual infantil, esto aunado al combate a la corrupción seguramente contribuirá a generar un efecto disuasorio al igual que en el Sureste Asiático.
El escritor español José Luis Olaizola cuenta que en su primer viaje a Tailandia conoció a una pequeña niña que no llegaba a los catorce años. Se llamaba Ama. Ella prendió fuego al burdel en el que vivía atrapada sin salida. Cuando la policía la detuvo y el juez la interrogó ella respondió: -“Sería feliz de morir abrasada si conmigo moría también el dueño del burdel”.
Considero que para contribuir a erradicar la explotación sexual infantil en el sector de los viajes y el turismo es necesario que todos los actores, la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil sumemos esfuerzos teniendo como guía el interés superior del menor y, como en cualquier comercio ilegal, combatir tanto la oferta cómo la demanda.
Álvaro Alarcón Tabares es maestro en Derechos Humanos por la CNDH y maestro en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac.
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