María Elizabeth de los Rios Uriarte
Profesora e investigadora Facultad de Bioética
Universidad Anáhuac México
¿Es éticamente admisible el que los países exijan un certificado de esquema de vacunación contra el COVID-19 completo para poder ingresar a ellos?
En las últimas semanas el debate ético ha versado sobre esta pregunta dado que ya hay algunos países como China que piden una especie de “pasaporte” de inmunidad para poder viajar a ellos.
Lo anterior no es para menos después de la catástrofe de más de un año de pandemia que ha terminado con muchas vidas y quebrado hasta las economías más sólidas, por eso conviene abordar el tema desde una óptica integral.
Al momento de poner en la balanza esta iniciativa es necesario considerar los siguientes puntos:
1.- Las vacunas han ayudado considerablemente a mitigar los contagios y a disminuir las muertes por COVID, sin embargo, son pocos los países que han podido adquirir dosis suficientes para toda su población y los que, en poco tiempo, han logrado inmunizar al menos a más del 20% de sus ciudadanos. El caso de Israel y de Chile son representativos. No obstante, no todos los países han sido tan afortunados y han tenido que esperar a que les lleguen vacunas pactadas mediante la iniciativa COVAX, siendo ésta su única oportunidad para adquirir algunas dosis para comenzar.
Tomando en cuenta lo anterior, pensar en un pasaporte de inmunidad deja en franca desventaja a estos países y se convierte, más que en una exigencia común, en una estrategia discriminatoria pues los ciudadanos de los países donde aún no llegan dosis suficientes y que no las pueden adquirir, no podrán viajar a los países que, se espera en este año, cumplan con inmunizar al menos al 70% de la población. De hecho, las expectativas para los países del continente africano, algunos países sudamericanos y otros más del Oriente Medio, es que estén vacunados con este porcentaje hasta principios de 2023.
2.- Si bien se reconoce que la vacunación es una contribución mayúscula al bien común, se admite que ésta debe ser un acto de total libertad aunada a la responsabilidad de cada persona quien, en su conciencia y ponderación de razones debe valorar sus condiciones de riesgo así como las de quien conviven con él o ella para tomar la decisión de aplicarse o no la vacuna. Así, la exigencia de un pasaporte de inmunidad no sólo contravendría el valor de la libertad personal sino que fungiría como una medida coercitiva que promueva unos valores por encima de otros.
La tensión siempre presente entre las libertades individuales y el uso de la fuerza pública ha sido una constante en esta pandemia. Con el tiempo se ha comprobado que los países que no optaron por estrategias restrictivas pero urgieron a adoptar medidas de precaución y a acatar las normas de salud e higiene recomendadas obtuvieron los mejores resultados en el control y manejo de la pandemia y hoy son los países que están prácticamente “libres del virus”. Ejemplos de esto son Nueva Zelanda y Finlandia.
3.- Es cierto que a todos nos gustaría visitar países libres de COVID, sin embargo, nuevamente esto atraería el problema ético de fortalecer economías de los países desarrollados mediante el turismo y dejar fuera a aquellas economías más debilitadas porque aún no pueden ofrecer “espacios libres de COVID”.
Además, aún no se conoce con exactitud el tiempo de inmunidad de la vacuna, con lo que tampoco se podría afirmar la caducidad del pasaporte. Lo anterior sumado al hecho de que el pasaporte puede ser usado con fines discriminatorios otorgándoles trato privilegiado a quienes lo presenten nos hacen pensar que, al menos por ahora, la medida lejos de contribuir al control de la pandemia, puede disparar actitudes contrarias a la empatía y solidaridad.
No podemos negar que esta pandemia ha sido atroz en muchos sentidos y que quisiéramos estar fuera de ella cuanto antes. Por esto es entendible esta iniciativa que, en esencia, parece buena y efectiva; no obstante, ponerla en práctica antes de contar con la mayoría de la población de todos los países inmunizada no sólo no sería justificado si no injusto y discriminatorio. Es momento de hablar más de solidaridad global que de protección fronteriza.
Dra. Ma. Elizabeth de los Rios Uriarte
Profesora e investigadora de la Facultad de Bioética
Universidad Anáhuac México
Desde hace un par de semanas se ha comenzado la aplicación de la esperada vacuna contra el coronavirus y, a pesar de las bondades que conlleva, existen algunas inquietudes éticas respecto de su admisibilidad ética en función de que algunas de ellas, han sido creadas, a partir de líneas celulares de embriones abortados, levantando así la interrogante moral sobre la cooperación al mal.
Algunas consideraciones valen la pena ante esto. Lo primero es que, en efecto, la mayoría de las vacunas desde la de la rubeola y sarampión hasta la de hepatitis y varicela se generan a partir de líneas celulares de embriones abortados en las décadas de los años sesenta y setenta. Concretamente son dos las más comúnmente usadas: la primera, WI-38, proveniente de un pulmón de un feto femenino abortado en 1964 y la MRC-5 de células de pulmón de un feto masculino abortado y desarrollada en 1966.
Para el caso de la vacuna contra el COVID, las dos líneas celulares usadas son: 1) HEK293 desarrollada en Holanda en 1973 a partir del riñón de embrión abortado y 2) PERC6 desarrollada en 1985 a partir de tejido de retina de un embrión abortado.
Ahora bien, las vacunas actuales ya no conllevan las células originales de estos embriones abortados y tampoco requieren más abortos para generar otras líneas celulares, lo que implica que los abortos cometidos en su momento, distan mucho de ser abortos actuales.
Con lo anterior y en el terreno del análisis moral, se puede decir entonces que, la cooperación al mal puede ser de dos maneras: formal o material. La formal se refiere a la intención mientras que la material a los medios o circunstancias que ayudan a ejecutar la intención. En el caso de quienes deseen vacunarse, cabe aclarar, que no se tiene la intención manifiesta de cometer un aborto para utilizar al embrión y que, en la mayoría de los casos, tampoco se aprueba esta conducta si no que se busca el bien mayor de la protección de la salud y de la vida. Por ende, la cooperación no es formal así como tampoco material ya que quien se aplica la vacuna no participó ni ayudó directamente a quien cometió el aborto. Por ende, no hay responsabilidad ética, moral o religiosa en aplicarse la vacuna.
También es importante mencionar que la persona que se vacuna no coopera de forma próxima con el aborto ya que, como dijimos antes, las células utilizadas actualmente distan más de 50 años de las células originales.
Una consideración más, recae en el terreno de la cooperación pasiva al mal que se ha cuestionado mucho en el caso de la vacuna contra el COVID y ante lo cual hay que mencionar que, lo que se espera de quienes tengan convicciones religiosas que concuerden con que la persona humana no debe ser utilizada como medio para conseguir ningún fin deben 1) manifestar expresamente su rechazo a los medios en que esas vacunas fueron generadas y exigir a la comunidad científica el descubrimiento y creación de otros medios que no utilicen células de embriones humanos y 2) aplicarse estas vacunas SÓLO si no existen otras en cuyo proceso no se hayan utilizado líneas celulares humanas. Con esto, no hay cooperación pasiva si no todo lo contrario: el acto se denuncia y se expresa la necesidad de utilizar medios que no pongan a la persona al servicio de la ciencia si no viceversa.
Lo anterior y con el propósito de despejar cualquier duda sobre la licitud ética de la aplicación de las vacunas sugiero la lectura de dos documentos de autoridad: el primero redactado en 2005 llamado “Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células provenientes a partir de fetos abortados” emitido por el entonces presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Elio Sgreccia y el segundo en 2017, emitido también por la Academia Pontificia para la Vida titulado “Note on italian vaccine issue”, ambos disponibles en la web.
Por último, cabe decir que, cada persona tendrá la responsabilidad, apelando a su conciencia, de decidir si se aplica o no la vacuna considerando sus factores de riesgo y circunstancias particulares así como las de quienes le rodean; no obstante, el acto de vacunación representa una responsabilidad social de cara al bien común y se constituye, así, en un acto de autocuidado y cuidado mutuo contribuyendo al bien común de la sociedad.
Es evidente que todos, a nivel mundial, clamamos por que los científicos encuentren, lo antes posible, una vacuna que prevenga de contraer la enfermedad del siglo que tantos estragos ha provocado en la vida de los países. Sin embargo, la urgencia de detener los contagios nos puede llevar a cometer atrocidades de las que, después, nos podamos arrepentir.
A nivel ético y bioético, existe el principio de precaución que nos exhorta a que, ante acciones, tratamientos, terapias o cualquier intervención sobre la que no conozcamos sus efectos secundarios ni consecuencias, lo mejor es no realizarlas. De igual manera, existe otro principio que es el de proporcionalidad que consiste en medir los riesgos y los beneficios de una determinada acción y si los primeros no sobrepasan los segundos, entonces proceder a actuar.
Tomando en cuenta estos dos principios conviene preguntarnos si estaríamos dispuestos asumir los riesgos de comercializar una vacuna que lo mismo puede curar o dañar.
Consideremos que, el desarrollo de una vacuna, pasa por tres etapas:
- De exploración: aquí se empiezan a descubrir los antígenos naturales o sintéticos que pueden servir para la fabricación de la vacuna.
- Preclínica: estos antígenos se comienzan a probar en animales, generalmente ratones, para observar cuáles podrían ser algunas de las reacciones en humanos.
- Clínica: esta etapa a su vez se subdivide en tres: a) fase I en donde se estudia la seguridad de la vacuna aplicándosela a un grupo no mayor a 100 personas sanas y que, por ende, no sean poblaciones de riesgo, b) fase II en donde se prueba la vacuna en un grupo mayor de personas y se introducen grupos placebo con la finalidad de comprobar si la vacuna es eficiente o no y c) fase III donde se aplica a un grupo mucho mayor de individuos con inclusión de grupos de riesgo y poblaciones vulnerables, esto para comprobar tanto la seguridad como la eficacia en poblaciones de riesgo y ver si se comporta igual que en poblaciones sanas.
Si queremos obtener un resultado de una vacuna que sea segura y que además provoque los anticuerpos precisos para combatir una infección por coronavirus, tendríamos que someternos a los tiempos de cumplimento de estas fases, que, normalmente duran entre 10 y 15 años. Provocar el adelanto de los resultados sólo por la urgencia de sacar la vacuna nos llevaría a saltarnos alguna de estas fases y arriesgar la vida de aquellos sujetos que decidieron contribuir a esta experimentación y hasta provocar daños irreparables con el comercio de la misma.
Hay que tener presente que, internacionalmente, existen documentos que regulan las investigaciones y experimentaciones con sujetos humanos para brindarles la máxima protección posible.. Basta recordar los experimentos cometidos con los presos en los campos de concentración Nazi por del Dr. Mengele que fueron verdaderos actos de terror o la triste historia del experimento de Tuskegee en Estados Unidos donde más de 600 sujetos fueron inoculados con sífilis con el propósito de observar la evolución normal de la enfermedad hasta la muerte de la persona.
Así las cosas, si por principio de precaución se debe proteger a la persona de actos que le provoquen un daño y por principio de proporcionalidad se le debe resguardar de aquellas acciones que produzcan más riesgos que beneficios, quizá sea más seguro por ahora y por los meses que están por venir, atenernos a las máximas indicaciones de seguridad y protección de contagios que presionar al gobierno de cada país y a los organismos internacionales a sacar una vacuna al mercado que, sabemos que, de no pasar por las fases y los tiempos establecidos, podrán producir otros efectos adversos que, pudieran, incluso, ser más mortales que el mismo coronavirus.
Autor: Dra. Marieli de los Rios Uriarte
